El político y el realizador todoterreno: reflexiones sobre precarización en campañas electorales

Imagen creada con ChatGPT

Ya estamos en 2026, un año clave en Colombia con elecciones parlamentarias y presidenciales. Una particularidad de estas elecciones es la cantidad de candidatos y campañas, que ha aumentado significativamente en comparación con ciclos anteriores. Como profesional audiovisual, empecé a notar un patrón preocupante: convocatorias para “realizadores todoterreno” que prometen hacerlo todo, pero pagan muy poco.

Hace poco, por ejemplo, hablé con un líder de comunicaciones de una campaña que me ofreció 3.5 millones de pesos por un contrato de 3 a 4 meses, disponible prácticamente 24/7, viajando a otra ciudad, poniendo mis propios equipos y asistiendo a reuniones creativas donde muchos participantes no están por capacidad, sino por aspiraciones políticas futuras. Además, esta campaña pertenecía a un partido con el que no me identifico, y sabemos que para desempeñar un trabajo de calidad es importante creerse el proyecto.

Estas convocatorias buscan un perfil capaz de cubrir registro audiovisual, registro fotográfico, edición en distintos formatos, creación de gráficos y animaciones, y aún así “apoyar” al equipo de comunicación de la campaña. En otras palabras: se espera que una sola persona haga el trabajo de varios especialistas, con un salario que no corresponde al esfuerzo ni a la responsabilidad asumida.

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El problema no es solo económico, sino también estructural: normalizar la idea de que una sola persona puede con todo crea jornadas extensas e insostenibles, reduce la calidad del trabajo y, más importante, precariza el oficio audiovisual. Al mismo tiempo, refleja cómo muchas campañas políticas no valoran ni respetan el trabajo creativo, usando la promesa de “reconocimiento futuro” como sustituto de condiciones dignas.

Mi experiencia personal me llevó a reflexionar sobre algo que debería ser obvio: si desde la campaña no se establece claridad de funciones, límites, logística y compensación justa, difícilmente se podrá esperar respeto o reconocimiento cuando la elección termine. La urgencia electoral no puede ser excusa para el abuso, y la importancia del mensaje político no justifica precarizar a quienes lo construyen desde atrás de la cámara.

Este escenario evidencia un patrón: campañas que prometen eficiencia y visibilidad rápida para los candidatos, pero que externalizan riesgos y costos al talento creativo, ignorando la complejidad real de la producción audiovisual.

La reflexión es clara: es urgente exigir condiciones justas, tanto para quienes producen contenido político como para cualquier profesional creativo, porque la calidad y la ética del trabajo dependen de cómo se le valora y respeta desde el inicio.

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